El máximo tribunal le ordenó al gobierno de Javier Milei presentar antes del 10 de junio un plan de pago concreto por los fondos que ANSES le retiene a las cajas jubilatorias bonaerenses. El reclamo es apenas una parte de una deuda mucho mayor. La Provincia acumula ocho demandas contra el Estado nacional que totalizan más de $15 billones, equivalentes a un tercio del presupuesto provincial de 2026.
El conflicto financiero entre el gobierno bonaerense y la administración de Javier Milei tiene fecha límite. La Corte Suprema de Justicia fijó el 10 de junio como plazo para que el Estado nacional presente una propuesta concreta de pago por la deuda que ANSES mantiene con la provincia de Buenos Aires, que asciende a 2,3 billones de pesos. La decisión se adoptó durante una audiencia realizada el martes 21 de abril y fue el resultado de una segunda convocatoria del máximo tribunal.
El origen del conflicto se remonta a la suspensión de las transferencias obligatorias que ANSES debe girar a las cajas previsionales provinciales que nunca fueron traspasadas a la órbita del Estado nacional. Según detalló el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, 10 de las 13 provincias con caja propia ya lograron un acuerdo con la Nación, pero Buenos Aires sigue esperando desde hace más de dos años.
Para llegar a esta instancia, la Provincia presentó una demanda que ahora se dirime en la máxima instancia judicial. La Corte ya advirtió que el compromiso es que los representantes de ANSES y del Ministerio de Economía deben llegar a la próxima audiencia con una oferta formal de pago.
La deuda por las cajas jubilatorias no es la única cuenta pendiente. La provincia de Buenos Aires mantiene ocho reclamos activos contra el Gobierno nacional ante la Corte Suprema que, en conjunto, totalizan más de 15 billones de pesos.
Entre esos juicios se incluyen demandas por el recorte de fondos para el Fondo de Fortalecimiento Fiscal (seguridad), el Fondo de Compensación al Transporte del Interior, los salarios docentes (FONID), los bosques nativos, la eliminación del Sistema de Boleto Integrado, la prohibición de incorporar tributos locales para financiar obras y el incumplimiento del Consenso Fiscal 2017.
El gobernador Axel Kicillof ya planteó públicamente la estrategia a seguir. Si la Corte termina ordenando los desembolsos, la Provincia prevé repartir el dinero con los municipios, coparticipando lo que se recupere en los juicios contra el Estado nacional. De esta manera, parte de los fondos que antes se transferían por aportes nacionales volverían a los distritos.
El desenlace de la pulseada judicial no es un dato menor para los vecinos del oeste del conurbano. Cada mes que la Nación retiene estos fondos se traduce en menos recursos para obra pública, transporte, seguridad y educación bonaerense. Si la justicia finalmente ordena el pago, parte de la presión que hoy recae sobre las arcas provinciales podría aliviarse, y con ella, algunos de los servicios que el vecino de Morón utiliza a diario.