Mientras la Corte Suprema presiona al gobierno de Javier Milei para que pague 2,3 billones de pesos a la provincia de Buenos Aires, el Presidente le asignó 100.000 millones de pesos extra a la SIDE por decreto y está por recibir 1.000 millones de dólares del FMI. El dinero que no se coparticipa a los distritos se diluye en un sistema de opacidad y sin control del Congreso.
El gobierno de Javier Milei maneja al menos tres fuentes de financiamiento paralelas que no pasan por la coparticipación federal y que profundizan el desfinanciamiento de los distritos. La provincia de Buenos Aires, que mantiene un reclamo de 2,3 billones de pesos ante la Corte Suprema por fondos de ANSES no transferidos, mira cómo el Presidente asigna recursos millonarios por fuera del circuito institucional.
Los fondos que nadie controla
El 23 de julio pasado, Javier Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que le otorgó a la Secretaría de Inteligencia (SIDE) una partida extra de 100.000 millones de pesos, destinada a “gastos reservados y secretos”. En apenas tres semanas, la SIDE ya había ejecutado el 80% de esos fondos, equivalente a unos 80.000 millones de pesos, según una denuncia formulada por el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). Eso representa un gasto diario de 3 millones de dólares en espionaje, sin autorización previa del Congreso ni rendición de cuentas pública.
La SIDE, que en la práctica controla el asesor presidencial Santiago Caputo, no debe justificar sus erogaciones. Lo que busca la oposición es declarar nulo el DNU para que no tenga validez ninguna operación realizada bajo su amparo. El diputado Ferraro calificó el manejo de estos fondos como “profundamente inmoral” y advirtió que representan un riesgo para la democracia.
Los 1.000 millones del FMI que no llegan a las provincias
En paralelo, el Directorio del Fondo Monetario Internacional define en las próximas horas un nuevo desembolso de 1.000 millones de dólares para la Argentina. El giro corresponde a la segunda revisión del acuerdo firmado en 2025 y será destinado exclusivamente a reforzar las reservas del Banco Central y a cubrir vencimientos de deuda con el propio organismo.
El gobierno de Milei se comprometió a alcanzar un superávit primario del 1,4% del PBI y a sumar al menos 8.000 millones de dólares a las reservas netas a lo largo de 2026. Para los analistas, el desembolso implica una continuidad del ajuste fiscal: el Estado nacional se achica para pagar a los acreedores externos mientras los recursos para las provincias y los municipios siguen congelados.
Una deuda de 2,3 billones que la Nación no paga
En la vereda opuesta, la provincia de Buenos Aires espera desde hace más de dos años una respuesta por el dinero que le adeuda ANSES. El 21 de abril, la Corte Suprema le ordenó al gobierno de Javier Milei presentar antes del 10 de junio una propuesta concreta de pago por 2,3 billones de pesos. El reclamo se originó en 2024, cuando la administración nacional cortó las transferencias que el organismo previsional hacía a las cajas de jubilaciones de trece provincias con caja propia.
Kicillof señaló que diez provincias ya llegaron a un acuerdo, pero Buenos Aires sigue esperando. La deuda por los fondos previsionales es apenas una parte de un conflicto mayor. La Provincia acumula ocho demandas contra el Estado nacional que totalizan más de 15 billones de pesos, equivalentes a un tercio del presupuesto bonaerense de 2026. Entre esos reclamos se incluyen partidas para seguridad, transporte, salarios docentes, bosques nativos y la eliminación del Sistema de Boleto Integrado.
Un sistema de dos circuitos
El contraste es evidente. Por un lado, el gobierno nacional asigna 100.000 millones de pesos a la SIDE por decreto, sin control del Congreso. Por el otro, la Corte Suprema debe emplazar al Ejecutivo para que pague una deuda que la Constitución le exige transferir. Los 1.000 millones de dólares del FMI tampoco se coparticipan a los distritos y se destinan a pagar deuda externa, no a la obra pública, el transporte o la seguridad.
Mientras tanto, la provincia de Buenos Aires sigue esperando que se le transfieran los recursos que le corresponden por ley. El plazo vence el 10 de junio. Ese día, el gobierno de Javier Milei deberá sentarse con una oferta concreta. Si no lo hace, la Justicia podría avanzar en medidas más duras.
