El oficialismo logró 42 votos a favor mientras organizaciones denuncian un saldo de 300 heridos y 31 detenidos. La CGT habla de “servicios de inteligencia” para desvirtuar la protesta.
La madrugada del jueves, el Senado aprobó la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei con 42 votos a favor y 30 en contra, luego de una jornada de tensión que tuvo como escenario no solo el recinto parlamentario sino también las calles aledañas al Congreso . El proyecto, que ahora girará a Diputados para su tratamiento particular, establece modificaciones estructurales en el régimen de contratación, indemnizaciones y período de prueba .
Mientras los senadores debatían, una multitudinaria movilización convocada por la CGT y las dos CTA colmaba la Plaza de los Dos Congresos para rechazar la iniciativa. Según fuentes legislativas citadas por la agencia Prensa Latina, la manifestación transcurrió de manera pacífica hasta que un grupo reducido de individuos comenzó a lanzar bombas molotov contra el vallado policial .
Incidentes y denuncias de infiltrados
Testigos y registros televisivos mostraron cómo cinco personas con el rostro cubierto preparaban y arrojaban los artefactos incendiarios. Lo que llamó la atención de numerosos comentaristas es que, pese a la violencia de estas acciones, el operativo policial no se dirigió contra ellos sino contra el resto de los manifestantes, desatando una represión generalizada .
Jorge Sola, secretario general de la CGT, se refirió a estos hechos en declaraciones a Infobae: “Había cien mil personas en la plaza. Nosotros, la protesta y el reclamo en paz social, lo hemos mantenido en cada situación de la democracia argentina. Cuando los tres secretarios generales llegamos al frente de la columna, a los diez minutos se desvirtuó todo”. Consultado sobre la posibilidad de que se tratara de infiltrados, Sola prefirió no profundizar: “No voy a hablar de eso, porque si no estamos hablando de la anécdota y no de lo central” .
Sin embargo, otras fuentes sindicales fueron más explícitas. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, denunció en C5N que se trató de “infiltrados a sueldo, pagados por alguien en el Gobierno con la marcada intención de boicotear la pacífica movilización y dar un pretexto al exagerado operativo de seguridad” .
La hipótesis de la infiltración encontró sustento en lo observado por las cámaras: los individuos que lanzaban las bombas no fueron detenidos ni atacados con gases o balas de goma, y luego de los incidentes “se pierden en la multitud” .
Saldo de heridos y detenidos
Organizaciones de derechos humanos y sindicatos denunciaron un saldo preliminar de al menos 300 heridos y 31 detenidos . Otras fuentes, como el diario Perfil, elevaron la cifra a más de 50 detenidos, precisando que 23 fueron arrestados por la Policía Federal y 16 por la Policía de la Ciudad .
Rodrigo Pomares, director del Programa de Violencia Policial de la Comisión Provincial por la Memoria, calificó el operativo como “injustificado”. En declaraciones recogidas por Radio Miraflores, afirmó: “Parte de la concentración ya comenzaba a desconcentrar cuando se desató la represión. No hubo proporcionalidad ni criterio preventivo” .
Entre los detenidos, 30 pertenecerían al espacio político de la UTEP y fueron liberados en el momento por la intercesión del diputado Juan Grabois, según informó Perfil .
La versión oficial y la denuncia por terrorismo
El gobierno nacional presentó una denuncia penal contra los manifestantes que protagonizaron los incidentes. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, publicó en sus redes sociales: “Los violentos que atacaron a nuestras Fuerzas van a ser identificados. Estamos resguardando todas las imágenes y ya requerimos a la Justicia las autorizaciones necesarias para avanzar con las individualizaciones” .
En un comunicado posterior, Monteoliva informó la identificación de 17 personas a las que vinculó con los actos vandálicos y anunció que la denuncia se encuadra en figuras de “terrorismo”, argumentando que los hechos “fueron mucho más que una contravención” y que existió la intención de “subordinar al gobierno y a la ciudadanía por medio del terror” .
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, respaldó la medida a través de su cuenta en X: “Atacar al Congreso de la Nación y agredir a las fuerzas de seguridad es un delito grave contra el orden constitucional” .
Paralelamente, se conocieron las identidades de los primeros cuatro denunciados: Matías Enzo Roldán, Federico Alberto Mazzagalli, Patricio Hernán Castellán y Denis Alejandro Figueredo, todos mayores de edad .