Los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) constituyen un fondo creado por la Ley 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos en 1988, equivalente al 1% de la masa coparticipable de impuestos nacionales recaudados. Su propósito principal es asistir a las provincias en situaciones de emergencia y desequilibrios financieros, permitiendo la ejecución de obras públicas, salud, educación y otros servicios esenciales. Administrado por el Ministerio del Interior, este fondo ha sido históricamente una herramienta clave para equilibrar las asimetrías regionales en un país federal como Argentina, donde las provincias dependen en gran medida de transferencias nacionales para sostener su autonomía.
El Veto de Javier Milei: una medida arbitraria que afecta a todas las provincias
Ayer, el presidente Javier Milei vetó la ley aprobada por el Congreso que obligaba a distribuir los ATN de manera automática según los coeficientes de coparticipación, eliminando la discrecionalidad del Ejecutivo nacional. Esta decisión, firmada por Milei y sus ministros clave como Luis Caputo y Guillermo Francos, se argumenta en la necesidad de preservar el equilibrio fiscal, pero ignora que el fondo representa solo el 1% de los impuestos coparticipables, con un impacto mínimo en las cuentas nacionales. El veto se da en un contexto de tensiones postelectorales, donde el Gobierno busca negociar con gobernadores, pero prioriza el control político sobre la equidad federal.
El perjuicio para todas las provincias: desfinanciamiento y abandono de servicios
Esta medida arbitraria perjudica a las 24 jurisdicciones provinciales al retener fondos vitales, exacerbando la crisis económica que genera el Gobierno de Milei. En 2024, solo se ejecutó el 7% de los ATN, dejando un remanente de casi 680.000 millones de pesos no distribuidos, lo que ha forzado a las provincias a asumir solos costos en educación, salud y obra pública. Gobernadores de bloques como Provincias Unidas han denunciado que esto representa un “golpe directo” a sus economías, limitando la capacidad de respuesta a emergencias y profundizando desigualdades, ya que ocho distritos no recibieron transferencias el año pasado. El veto no solo rompe con el federalismo constitucional, sino que centraliza recursos en detrimento de las necesidades locales.
La resistencia de Axel Kicillof: gestión efectiva sin fondos coparticipables
Pese a la retención de fondos coparticipables y la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal bonaerense por decreto en febrero de 2024 —que representaba un apoyo adicional—, el gobernador Axel Kicillof ha mantenido un compromiso activo con el desarrollo provincial. Buenos Aires, que aporta el 40% de la recaudación nacional, pero recibe sólo el 22% en coparticipación, ha enfrentado más de un año de desfinanciamiento, con recortes del 70% en transferencias no automáticas. Sin embargo, Kicillof prorrogó el Presupuesto 2023 para 2025 y ajustó la Ley Impositiva 2024 para priorizar a los sectores vulnerables, demostrando que “decir que no hay plata es una excusa” cuando hay voluntad política.
Las obras realizadas por Kicillof: un legado de inversión Provincial
A lo largo de 2024 y 2025, Kicillof impulsó más de 1.000 obras públicas pese a las limitaciones presupuestarias, enfocándose en infraestructura clave. Entre las principales destacan la inauguración de 100 escuelas nuevas o remodeladas, ampliaciones hospitalarias en el sistema de salud pública y la pavimentación de rutas provinciales como la RN 205 y accesos a municipios del interior. Además, se avanzó en planes de vivienda con más de 50.000 unidades habitacionales en construcción, programas de cloacas y agua potable en zonas vulnerables, y la modernización de la Refinería YPF La Plata, declarada emblema en 2025. Estas acciones, financiadas con recursos propios y endeudamiento controlado, contrastan con las 787 obras nacionales paralizadas por el Gobierno central, reafirmando la gestión provincial como un modelo de resiliencia federal.