Ayer, el presidente Javier Milei anunció la eliminación de las retenciones al campo, una medida que beneficia a sectores como la soja, el maíz y la carne. Estas retenciones representaban cerca del 1% del PBI, una suma importante para las arcas del Estado. Según el gobierno, esta decisión busca impulsar al sector agropecuario, pero deja un hueco en los ingresos públicos que podría haberse usado para otras necesidades urgentes.
Por otro lado, Milei confirmó que vetará la ley aprobada por el Congreso para aumentar las jubilaciones en un 7,2% y elevar el bono previsional de $70.000 a $110.000. Este aumento, que mejoraría la vida de millones de jubilados, tendría un costo fiscal de solo el 0,46% del PBI, según estimaciones oficiales. Es decir, el dinero que ya no se recaudará por las retenciones es más del doble de lo que costaría mejorar las jubilaciones.
La quita de retenciones favorece a un sector que, aunque importante, concentra riqueza. Mientras tanto, los jubilados, muchos de los cuales viven bajo la línea de pobreza, no recibirán el aumento propuesto. Con la inflación golpeando fuerte, el bono actual de $70.000 no alcanza para cubrir necesidades básicas, y el veto de Milei agrava esta situación.
Esta diferencia de prioridades genera debate. Con lo que el Estado deja de recaudar por las retenciones, se podría financiar el aumento a los jubilados y aún sobraría dinero. Por ejemplo, la eliminación de retenciones podría liberar unos $930 millones de dólares, mientras que el costo del aumento previsional es mucho menor, rondando el 0,46% del PBI.
Lass decisiones de Milei priorizan a los sectores más ricos, como el campo, por sobre los jubilados, que son de los más vulnerables. La eliminación de retenciones reduce los ingresos del Estado, mientras que el veto al aumento previsional deja a los jubilados sin un alivio necesario. Estas políticas muestran un contraste claro entre quiénes ganan y quiénes pierden en la Argentina de 2025.