La propuesta de limitar el uso de redes a menores de 16 años abre un debate sobre adultocentrismo, responsabilidad de las plataformas y la creciente brecha cognitiva entre chicos de distintos sectores sociales en el Conurbano.
Febrero 2026,
El Gobierno de España impulsa la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años, buscando contener riesgos asociados a la exposición temprana en línea. Sin embargo, expertos advierten que la medida refleja un adultocentrismo que responsabiliza a los niños por los riesgos que enfrentan y no a quienes diseñan, operan y monetizan estas plataformas.
En el Conurbano bonaerense, este debate tiene un matiz local: mientras algunos chicos acceden a dispositivos y talleres extracurriculares controlados, otros pasan horas frente a pantallas como única forma de entretenimiento y compañía, muchas veces mientras sus padres trabajan en más de un empleo para sostener la economía familiar. La brecha no es solo tecnológica, sino cognitiva y social, y puede marcar diferencias en habilidades de concentración, pensamiento profundo y sostenimiento de vínculos a largo plazo.
Las cifras ayudan a dimensionar el fenómeno: se estima que en el Conurbano bonaerense más del 70% de los niños y adolescentes de entre 10 y 15 años tienen acceso a Internet desde sus hogares o dispositivos propios, aunque la calidad de uso y acompañamiento familiar varía notablemente. Esto plantea un desafío: no se trata solo de limitar horas frente a la pantalla, sino de generar entornos seguros y formativos, especialmente para quienes no cuentan con recursos para supervisión o actividades educativas complementarias.
Voces a favor de la medida argumentan que las restricciones ayudan a prevenir acoso, exposición a contenidos violentos y dependencia tecnológica. Desde la perspectiva de pediatras y psicólogos, la prohibición puede ser insuficiente y desigual, ya que deja intacta la responsabilidad de las plataformas y genera un falso sentimiento de seguridad.
Voces en contra sostienen que se trata de un enfoque punitivo hacia los menores, que ignora la desigualdad de oportunidades y la necesidad de políticas de acompañamiento educativo y de salud mental. Además, advierten que el control tecnológico centralizado puede reforzar brechas entre quienes tienen apoyo familiar y quienes dependen de su propio manejo de la tecnología.
El debate que se avecina es profundo: ¿cómo equilibrar la seguridad y el bienestar de los chicos con la necesidad de acceso a herramientas digitales que hoy son esenciales para aprender, crear y vincularse? En un escenario de creciente desigualdad, el desafío es garantizar que todos tengan oportunidades de desarrollo cognitivo, emocional y social, más allá de la limitación por edad o la capacidad económica familiar.
Para Morón y el Oeste del Conurbano, la reflexión tiene un impacto directo: no se trata solo de lo que prohíbe o permite el Estado, sino de cómo acompañamos, cómo enseñamos a pensar críticamente y cómo creamos espacios de formación, cuidado y acompañamiento que equilibren las oportunidades entre niños de distintas realidades.