La privatización de AySA, la empresa que provee agua y saneamiento en Argentina, ha generado mucha preocupación. El agua es un servicio esencial para la vida, y dejarlo en manos de empresas privadas puede ser peligroso. Las empresas buscan ganar dinero, y esto puede llevar a que suban las tarifas o descuiden a los barrios más pobres, donde el acceso al agua ya es difícil.
Cuando un servicio como el agua se privatiza, la prioridad deja de ser el bienestar de la gente. En el caso de AySA, ahora está permitido cortar el suministro a los usuarios que se atrasen en el pago. Esto es grave, porque nadie debería quedarse sin agua por no poder pagar a tiempo. El agua no es un lujo, es un derecho básico.
En otros países, la privatización del agua ha causado problemas. Por ejemplo, en algunos lugares las tarifas se dispararon y mucha gente quedó sin acceso. En Argentina, ya sabemos lo que pasó en los años 90 con otras privatizaciones: servicios caros y poca inversión. Repetir ese error con AySA pone en riesgo a millones de personas.
Además, cortar el agua a quienes no pagan puede empeorar la situación de las familias más vulnerables. En tiempos de crisis económica, muchas personas tienen dificultades para cubrir sus gastos. Si se les quita el agua, se afecta su salud, su higiene y su dignidad.
Por todo esto, privatizar AySA no es una buena idea. El agua debe seguir siendo un servicio público, gestionado para garantizar que todos tengan acceso, sin importar su situación económica. El gobierno debería proteger este derecho y no permitir que se convierta en un negocio.
