La Conferencia Episcopal Argentina rechazó el proyecto que busca reducir la edad de imputabilidad a 14 años y pidió políticas sociales integrales en lugar de una respuesta punitiva.
La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su rechazo a la iniciativa que propone bajar la edad de imputabilidad y pidió que el debate no se limite a una respuesta penal. A través del documento titulado “Más oportunidades que penas”, la Comisión Episcopal de Pastoral Social sostuvo que la solución a la violencia juvenil no pasa por endurecer las leyes, sino por fortalecer políticas públicas de inclusión.
Actualmente, la legislación argentina establece que los menores son punibles a partir de los 16 años, aunque en el Congreso existen proyectos para reducir ese límite a los 14 años en casos de delitos graves.
Desde la Iglesia señalaron que “no se trata de bajar la edad de imputabilidad, sino de asumir cambios profundos como sociedad”, y advirtieron que la mayoría de los delitos no son cometidos por menores.
“¿Queremos solucionar el problema con más cárceles o con más escuelas?”, plantea el documento episcopal.
Datos y contexto
En su pronunciamiento, la Iglesia citó estadísticas oficiales que indican que la participación de menores en delitos graves representa un porcentaje reducido del total de hechos delictivos. En homicidios dolosos, por ejemplo, los menores de 14 años representan menos del 1% de los inculpados según los últimos datos disponibles.
Para la CEA, el foco debe estar puesto en el avance del narcotráfico en barrios vulnerables, el consumo problemático de drogas y la falta de oportunidades educativas y laborales.
“Sin oportunidades reales, muchos adolescentes quedan atrapados en circuitos de violencia y exclusión”, advierte el texto.
Un debate abierto en el Congreso
El proyecto para bajar la edad de imputabilidad es impulsado por sectores que sostienen que la legislación actual quedó desactualizada y que el Estado necesita más herramientas frente a delitos graves cometidos por menores.
Sin embargo, desde distintos sectores políticos, sociales y religiosos advierten que la medida no atacaría las causas estructurales de la inseguridad y podría agravar la marginalidad juvenil.
La discusión continúa en comisiones y promete ser uno de los debates más sensibles del año legislativo.