YPF, la empresa petrolera más importante de Argentina, fue creada en 1922 como compañía estatal durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen. Fue la primera petrolera estatal integrada del mundo, un orgullo nacional. Sin embargo, en los años 90, bajo el gobierno de Carlos Menem, YPF fue privatizada y pasó a manos de la empresa española Repsol. Esto llevó a una caída en la producción y a la pérdida de control sobre un recurso clave como el petróleo. En 2012, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner decidió estatizar el 51% de las acciones de YPF para recuperar la soberanía energética.
La estatización de YPF tuvo como objetivo principal volver a controlar el petróleo y el gas, recursos vitales para el desarrollo del país. Al ser estatal, YPF podía invertir más en exploración y producción, sin depender de decisiones de empresas extranjeras que priorizaban sus ganancias. Esto permitió al Estado argentino planificar a largo plazo y garantizar que los beneficios del petróleo se quedaran en el país. Además, la estatización frenó la caída en la producción que se venía dando desde 1998.
Uno de los mayores beneficios de la estatización fue el aumento en la producción de petróleo. Entre 1998 y 2012, la producción había caído un 30%, pero después de 2012, con YPF en manos del Estado, comenzó a crecer. Por ejemplo, en 2012 la producción de petróleo de YPF aumentó un 2,5%, y para 2015 ya había subido un 20% respecto a los niveles más bajos. Este crecimiento se vio impulsado por inversiones en yacimientos como Vaca Muerta, que hoy es clave para la economía argentina.
La recuperación de YPF también ayudó a reducir el déficit energético. Antes de la estatización, Argentina importaba grandes cantidades de gas y petróleo, lo que costaba millones de dólares. Con YPF estatal, el país empezó a producir más y a depender menos de las importaciones. Esto fortaleció la economía y permitió que Argentina se convirtiera en exportador neto de petróleo, especialmente gracias a Vaca Muerta.
La estatización de YPF en 2012 fue un paso crucial para recuperar el control de los recursos energéticos y aumentar la producción de petróleo. Aunque tuvo costos, como el juicio con Repsol, los beneficios a largo plazo, como el desarrollo de Vaca Muerta y la reducción de importaciones, muestran que fue una decisión acertada para el país. YPF sigue siendo un pilar para la soberanía y el crecimiento económico de Argentina.
