En las últimas semanas, Argentina ha sido sacudida por un grave escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde audios filtrados del exdirector Diego Spagnuolo exponen un presunto esquema de coimas millonarias en la compra de medicamentos. Según las grabaciones difundidas por el programa Data Clave de Carnaval Stream, Spagnuolo detalla un mecanismo de sobreprecios del 8% en contratos con la droguería Suizo Argentina, que generaría retornos ilegales de entre 500.000 y 800.000 dólares mensuales. El funcionario, cercano al presidente Javier Milei, menciona reuniones en Nordelta y un “quilombo” de recaudación que involucra a altos cargos, mientras la ANDIS enfrenta recortes que afectan a 1,5 millones de personas con discapacidad.
Los audios no solo comprometen a Spagnuolo, quien fue removido preventivamente del cargo por el gobierno, sino que apuntan directamente a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, como beneficiaria de un 3% de los fondos desviados. Spagnuolo afirma haber discutido el tema con el presidente a través de WhatsApp de Karina, advirtiendo: “No te podés hacer el boludo conmigo”. Además, se nombra a Eduardo “Lule” Menem, asesor de Karina y familiar del expresidente Carlos Menem, como intermediario en la operatoria, junto a menciones a su hermano Martín Menem. Una denuncia penal presentada por el abogado Gregorio Dalbón acusa a Karina y Javier Milei de beneficiarios directos, en un circuito que incluye defraudación y negociaciones incompatibles con la función pública.
La Justicia federal, a cargo del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, ordenó 14 allanamientos en la ANDIS, domicilios de involucrados y la droguería Suizo Argentina, secuestrando miles de dólares, celulares y documentación. Aunque el gobierno califica el caso como una “utilización política de la oposición” en año electoral, los audios sugieren un conocimiento previo en la Casa Rosada, erosionando la imagen de transparencia prometida por el oficialismo.
Este escándalo agrava la crisis de imagen del gobierno de Milei, que ya enfrenta críticas por despidos masivos en la ANDIS y el veto a la ley de emergencia en discapacidad, rechazado por el Congreso. Encuestas como la de Management and Fit revelan que el 70% de la población considera el caso “grave o muy grave”, con un 60% atribuyendo responsabilidad directa a la administración, incluyendo a Karina Milei. Incluso entre votantes libertarios, hay un 10% de desaprobación, lo que podría impactar en las elecciones de septiembre y octubre, dejando al gobierno con una percepción de poca credibilidad en medio de un contexto de ajuste social.