El gobierno de Javier Milei cerró la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) con el Decreto 461/2025. Este organismo, creado en 1932, cuidaba más de 40.000 km de rutas nacionales. Ahora, sus tareas pasan al Ministerio de Economía y a una nueva agencia de concesiones, apostando por más control privado.
Sin Vialidad Nacional, las rutas pueden quedar sin mantenimiento. Esto aumenta el riesgo de accidentes, ya que nadie se encargará de revisar o reparar los caminos. El sindicato vial dice que 118 rutas podrían convertirse en “rutas de la muerte” por el abandono.
Además, más de 5.500 trabajadores podrían perder sus empleos. Esto afecta a sus familias y a las comunidades que dependen de las rutas para llevar productos o acceder a servicios. Provincias como Neuquén y La Pampa ya alertan sobre el problema.
Pasar las rutas a empresas privadas puede complicar las cosas. Sin un organismo técnico, no está claro si las rutas serán seguras o si los privados harán bien el trabajo. La seguridad de todos está en riesgo.
Cerrar Vialidad Nacional pone en peligro a los argentinos. Sin mantenimiento ni control, las rutas pueden ser más peligrosas, y la falta de un plan claro preocupa a todos.