El juez federal de Campana ordenó al Ministerio de Capital Humano restituir la prestación de $78.000 para más de 900 mil beneficiarios. El fallo frenó la eliminación del programa, que el Gobierno planeaba reemplazar por un sistema de vouchers de capacitación. La UTEP impulsó el amparo colectivo.
El Juzgado Federal de Campana dictó una medida cautelar que frenó la eliminación del programa Volver al Trabajo, la prestación mensual de $78.000 que alcanza a más de 900 mil trabajadores de la economía popular en todo el país. El fallo, del juez Adrián González Charvay, ordenó al Ministerio de Capital Humano restituir los pagos en un plazo de tres días, bajo apercibimiento de sanciones económicas por cada día de retraso.
El amparo colectivo fue presentado por cinco beneficiarios, entre ellos dos cartoneros y tres trabajadores comunitarios, con el patrocinio de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Los demandantes argumentaron que la interrupción de la asistencia, prevista para mayo, era “abrupta e irrazonable” y que el sistema de vouchers de capacitación que el Gobierno pretendía implementar no constituía un reemplazo válido para una prestación monetaria de carácter alimentario.
El magistrado hizo hincapié en el principio de no regresión de derechos y en el “peligro” que genera la interrupción de los ingresos para los sectores más vulnerables. En su resolución de 20 páginas, señaló que la decisión del Gobierno fue un “corte abrupto” en una política de profundo contenido social, dejando a miles de familias sin un ingreso básico. Las referencias genéricas a capacitaciones no logran cubrir el bache económico que genera la baja de la prestación, advirtió el juez.
El programa Volver al Trabajo fue creado por el Decreto 198/2024, firmado por el presidente Javier Milei y la ministra Sandra Pettovello, como reemplazo del Potenciar Trabajo. La norma estableció una vigencia de dos años, con un monto mensual de $78.000 que quedó congelado desde su creación. A fines de marzo, el Ministerio de Capital Humano anunció su finalización y comunicó que abril sería el último mes de cobro.
La decisión judicial representa un nuevo revés para la estrategia del oficialismo. El Gobierno, a través de un comunicado oficial, anticipó que apelará el fallo y advirtió que su cumplimiento afectará el presupuesto destinado a otras políticas prioritarias, como los vouchers de formación laboral y la extensión de la doble jornada escolar en escuelas vulnerables.
La UTEP celebró el fallo. Desde la organización señalaron que el programa constituía el principal o único ingreso de miles de familias y que su eliminación sin una alternativa equivalente era un retroceso inaceptable en materia de derechos sociales. El dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Nicolás Caropresi, dijo en el Congreso de la UTEP: “La justicia demostró que nosotros laburamos y ahora dice que el Estado tiene que devolver Volver al Trabajo”.
En Morón, la noticia tiene un impacto directo. El programa alcanza a cientos de vecinos del distrito que participaban de capacitaciones, prácticas o tenían emprendimientos. La cautelar garantiza por ahora la continuidad de los pagos, al menos hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo de la causa. El Gobierno deberá acatar la orden en las próximas horas.
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