El gobierno de Javier Milei impulsa una reforma laboral que, bajo el discurso de “modernización” y “flexibilidad”, busca desmantelar protecciones históricas para los trabajadores. Presentada como una herramienta para generar empleo formal, en realidad retoma ideas del suspendido DNU 70/2023 y la Ley Bases, priorizando los intereses empresarios y debilitando el poder de negociación colectiva.
Uno de los puntos clave es el “banco de horas”, que permite compensar jornadas extensas con días libres en lugar de pagar horas extras con recargos. Esto elimina el incentivo económico para el empleador y obliga al trabajador a trabajar más sin compensación inmediata, aumentando la explotación en sectores con picos de actividad y erosionando el pago por esfuerzo adicional.
Otro aspecto es la promoción de acuerdos salariales individuales o por empresa, dejando de lado los convenios colectivos por rama. Aunque se habla de “libertad”, esto margina a los sindicatos en la lucha por salarios dignos, permitiendo que el empleador imponga condiciones a trabajadores aislados, especialmente en contextos de alta desocupación.
Finalmente, la posibilidad de reemplazar indemnizaciones por despido con fondos de cese laboral o pagarlas en cuotas reduce drásticamente la protección contra despidos arbitrarios. Lejos de crear empleo, esta medida facilita despidos baratos, precarizando aún más el mercado laboral y fomentando la rotación inestable en lugar de relaciones duraderas y dignas.
En resumen, esta reforma no moderniza nada: elimina el pago de horas extras, desarma la negociación colectiva y convierte el despido en algo casi gratuito para el patrón. Es un retroceso de más de un siglo en derechos laborales, que nos devuelve a la época en que el trabajador no tenía más protección que su propia fuerza individual frente al poder empresarial ilimitado.