El Hospital Garrahan, reconocido por atender casos oncológicos graves de niños de todo el país, enfrenta una crisis tras el veto del Gobierno de Javier Milei a la Ley de Emergencia Pediátrica. Esta decisión, publicada en el Boletín Oficial, se justifica en la necesidad de mantener el “equilibrio fiscal” y evitar un aumento del gasto público. Sin embargo, pone en riesgo la atención de miles de niños que dependen de este centro de referencia, al que las provincias envían pacientes para estudios y tratamientos especializados.

La ley vetada, aprobada por el Senado con amplio apoyo, buscaba garantizar más fondos y una recomposición salarial para el personal del Garrahan, además de derogar una resolución que modificaba el sistema de residencias médicas. Basada en la Ley 26.061, aseguraba el derecho a la salud integral de niños y adolescentes, con acceso gratuito y equitativo. Sin esta normativa, la continuidad de la atención pediátrica de alta complejidad está en peligro.

El veto, firmado por el Presidente y su Gabinete, argumenta que la ley generaría un impacto fiscal de $115.030 millones y carece de financiamiento claro. Según el Gobierno, la norma presenta una redacción ambigua, fomenta distorsiones salariales y compromete programas esenciales. Argumento contradictorio ya que el presupuesto que el Gobierno gasta en los intereses a los bancos por los préstamos que pide mensualmente, es muchísimo más alto que lo que necesita el Garrahan para seguir funcionando para proteger a toda la comunidad.

Los trabajadores del Garrahan, nucleados en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), han anunciado movilizaciones y acciones directas en respuesta al veto. Advirtieron que, de confirmarse, impulsarán una Marcha Federal en Buenos Aires y otras plazas del país. Además, el próximo lunes realizarán una conferencia de prensa frente al Congreso junto a la comunidad universitaria para exigir que se rechace el veto presidencial.
Sin la atención especializada del Garrahan, miles de niños con enfermedades graves podrían quedar desamparados. Este hospital es un pilar fundamental para el sistema de salud pediátrica nacional, y su desfinanciamiento amenaza con dejar sin respuesta a las provincias que envían pacientes para estudios y tratamientos que no pueden realizarse en otros centros. La comunidad médica y las familias afectadas esperan una solución urgente para garantizar la continuidad de esta atención vital.