Cada verano, Buenos Aires y el Área Metropolitana (AMBA) sufren cortes de luz masivos que afectan a miles de usuarios, especialmente durante olas de calor extremo. Estos apagones se deben principalmente al aumento de la demanda eléctrica por el uso intensivo de aires acondicionados, que sobrecarga un sistema ya tensionado. Desde el pasado miércoles 31 de diciembre, por ejemplo, un corte afectó a más de un millón de personas debido a una falla en la Subestación Bosques de Edesur, donde explotó un transformador, exacerbado por el consumo récord.
Sin embargo, el núcleo del problema radica en la falta de infraestructura adecuada y la insuficiente inversión por parte de las empresas privadas Edenor y Edesur, responsables del servicio de distribución eléctrica en la región. Estas compañías han priorizado ganancias sobre el mantenimiento durante décadas, dejando una red obsoleta e incapaz de manejar picos de demanda, lo que genera interrupciones frecuentes y prolongadas.
La historia de este servicio se remonta a la privatización de Segba (Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires), la empresa estatal que monopolizaba la distribución eléctrica en el área. En 1992, durante el gobierno de Carlos Menem, Segba fue dividida y privatizada como parte de las reformas neoliberales, dando origen a Edenor, Edesur y Edelap. El Estado absorbió deudas millonarias para facilitar la venta, y Segba persistió como entidad residual hasta 1998.
En cuanto a los dueños actuales, Edenor está controlada por un grupo argentino liderado por Daniel Vila (dueño de medios como Grupo América), José Luis Manzano (expolítico y empresario) y Mauricio Filiberti, quienes adquirieron el control en 2023 de manos de Pampa Energía, presidida por Marcelo Mindlin. Por su parte, Edesur pertenece a la multinacional italiana Enel, que anunció intenciones de venta en 2022 pero aún mantiene la propiedad, acumulando críticas por deudas y multas pendientes. Estos orígenes extranjeros y locales resaltan cómo la gestión privada, lejos de resolver los problemas heredados, ha profundizado la vulnerabilidad del sistema eléctrico en Buenos Aires sin invertir en mejoras ni en la modernización y sólo llevándose ganancias fuera del país.
Mientras tanto, la gente no sólo pasa días terribles de calor sin refrigeración, sino que pierde muchísima plata en alimentos que tiene que tirar, electrodomésticos rotos por el apagón repentino y dejar de contar con el agua corriente (por no poder poner en funcionamiento las bombas de agua) en momentos en donde el calor elevado pone en riesgo la salud y la vida de los más vulnerables.