En el último bimestre de julio y agosto de 2025, las tarifas de servicios públicos en Argentina experimentaron un fuerte aumento, impulsado por ajustes en el costo de la energía y la distribución. Según datos oficiales del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), las boletas de luz subieron alrededor del 2% en promedio para usuarios residenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con incrementos en el Valor Agregado de Distribución (VAD) de hasta 2,1% para Edenor y 2% para Edesur. Esto se suma a revisiones previas que, acumuladas, han elevado los precios más del 80% interanual. Similarmente, el gas natural aumentó hasta un 2,8%, afectando el bolsillo de millones de hogares en medio de una inflación que ronda el 2% mensual.
Muchos usuarios han reportado facturas duplicadas en comparación con el bimestre anterior, un ejemplo claro del impacto en la economía familiar. Por instancia, un hogar promedio con consumo de 260 kWh mensuales vio su boleta de luz pasar de unos $17.000 a más de $34.000, según cálculos basados en los nuevos cuadros tarifarios. Este salto se debe a la quita progresiva de subsidios y al traslado de costos operativos a los consumidores, lo que ha generado protestas y reclamos en redes sociales y oficinas de atención al cliente.
Las empresas privadas como Edenor y Edesur, responsables de la distribución en el AMBA, pertenecen mayoritariamente a capitales extranjeros. Edesur está controlada por el grupo italiano Enel, que posee el 70% de las acciones a través de sociedades como Distrilec, con participación minoritaria de empresarios locales como la familia Miguens Bemberg y Guillermo Reca. Edenor, por su parte, es propiedad de un consorcio argentino liderado por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti, pero con influencias de inversores internacionales en su estructura. Estos dueños extranjeros han sido criticados por priorizar ganancias sobre inversiones en infraestructura, lo que agrava los cortes de luz frecuentes.
Las tarifas de estos servicios deberían estar reguladas por el Estado para garantizar accesibilidad y equidad, pero bajo las políticas de Javier Milei, se ha promovido una desregulación que deja los precios en manos del mercado. El gobierno ha suspendido revisiones tarifarias integrales y reducido subsidios, argumentando eficiencia fiscal, pero esto ha expuesto a los usuarios a aumentos descontrolados. Expertos coinciden en que una regulación estatal es esencial para evitar abusos de monopolios privados y proteger a los sectores vulnerables, especialmente en un contexto de ajuste económico que prioriza el equilibrio presupuestario sobre el bienestar social.