En la madrugada del 2 de enero de 2026, el presidente Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025, que introduce una profunda reforma al Sistema de Inteligencia Nacional, revitalizando el rol de la antigua Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), ahora con poderes ampliados que despiertan alarmas sobre la privacidad y las libertades individuales. Esta medida, que elude el debate en el Congreso, ha sido defendida por el Gobierno como una “modernización” del sistema, pero es la creación de una “policía secreta” con herramientas para un vigilancia masiva y detenciones arbitrarias.
El papel histórico de la SIDE: de la dictadura a los escándalos democráticos
La SIDE, fundada en 1946 como un órgano de inteligencia estatal, ha sido un actor controvertido en la historia argentina. Durante la última dictadura militar (1976-1983), se convirtió en un instrumento clave de represión, participando en operativos de espionaje, secuestros y desapariciones. En democracia, no escapó de las sombras: involucrada en escándalos como el atentado a la AMIA en 1994, donde se cuestionó su ineficacia o complicidad, y en operaciones de espionaje ilegal contra opositores, periodistas y ciudadanos comunes. En 2015, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, fue renombrada como Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en un intento de transparentarla y limitar su injerencia en asuntos internos. Sin embargo, la reforma de Milei revierte estos esfuerzos, expandiendo su alcance y opacidad.
Vigilancia masiva y poderes expansivos
Uno de los aspectos más alarmantes del DNU es la habilitación para el cruce de datos entre organismos estatales, permitiendo a la SIDE compilar “fichas completas” de cada individuo. Esto implica integrar información de agencias como la AFIP (impuestos), ANSES (seguridad social), migraciones y hasta bases de datos privados, creando perfiles exhaustivos que incluyen historial financiero, movimientos migratorios y actividades cotidianas. Fuentes opositoras advierten que esto facilita un control orwelliano, donde el Estado puede rastrear la vida de cualquier ciudadano sin supervisión judicial adecuada.
En el ámbito del ciberespacio, la reforma potencia la “ciberinteligencia“, autorizando a la SIDE a monitorear y almacenar “cada movimiento” de los ciudadanos en línea. Esto incluye el seguimiento de redes sociales, correos electrónicos, geolocalización vía dispositivos móviles y hasta transacciones digitales, bajo el pretexto de contrainteligencia y seguridad nacional. Críticos como Andrés Gil Domínguez han comparado estas prácticas con las de regímenes autoritarios, recordando cómo durante la dictadura se “marcaba” a personas por sus ideas o apariencias. Además, el decreto clasifica todas las actividades de la SIDE como “encubiertas“, lo que reduce la transparencia y complica los controles democráticos.
Quizá el cambio más drástico sea el otorgamiento de facultades policiales a los agentes de inteligencia: ahora podrán detener a sospechosos en cualquier momento y lugar, sin necesidad de orden judicial inmediata, e incluso involucrar a las Fuerzas Armadas en inteligencia interior. Esto representa un quiebre con la separación tradicional entre inteligencia (recolección de información) y funciones policiales (ejecución), potenciando riesgos de abusos.
Retroceso democrático
Esta reforma implica una erosión significativa de la libertad individual. Al concentrar poder en una agencia opaca, se debilita el control republicano y se expone a los ciudadanos a una persecución constante, donde un “sospechoso” podría ser cualquiera disidente o crítico del Gobierno. Opositores, desde el peronismo hasta la izquierda, exigen la reapertura del Congreso para derogar el DNU, argumentando que viola principios constitucionales y evoca épocas oscuras de la historia argentina. Aunque el Ejecutivo lo presenta como un avance “democrático”, la realidad sugiere un Estado más intrusivo, donde la privacidad se sacrifica en nombre de la seguridad, amenazando la esencia de una sociedad libre.
Esta medida podría marcar un punto de no retorno hacia un control totalitario disfrazado de eficiencia.