La Justicia le ordenó a Nación cumplir la ley de financiamiento universitario y la Provincia reclama su aplicación inmediata

Los números son contundentes. Desde la asunción de Milei, el presupuesto universitario cayó un 45,6% en términos reales. El salario docente perdió un 31% de su poder adquisitivo entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, mientras que la partida de funcionamiento se redujo un 22,7% real en 2025 respecto de 2024. Las becas estudiantiles acumulan un recorte del 76,6% en el mismo período.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó la cautelar que obliga al gobierno de Javier Milei a actualizar salarios docentes y becas estudiantiles según lo votado por el Congreso. Desde la provincia de Buenos Aires, celebraron el fallo y recordaron que la Nación redujo las transferencias a las universidades un 45,6% y recortó partidas clave para su funcionamiento.

La provincia de Buenos Aires salió a respaldar el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que ratificó la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario. En un comunicado difundido este miércoles, el gobierno bonaerense destacó “la unidad de las universidades agrupadas en el Consejo Interuniversitario Nacional” y la lucha de los gremios docentes y el movimiento estudiantil para lograr la sanción de la norma, que fue votada dos veces por el Congreso tras el veto del Poder Ejecutivo.

La ley 27.795 establece la recomposición de los salarios de docentes y no docentes, que llevan una caída histórica de su poder adquisitivo, e incluye una convocatoria obligatoria a paritaria nacional con actualizaciones no inferiores a la inflación. También actualiza los recursos destinados a los programas de becas estudiantiles, que deberán ajustarse por IPC.

El comunicado provincial, firmado por el Consejo Provincial de Coordinación con el Sistema Universitario, señala que la decisión judicial le “vuelve a dar la razón a las universidades nacionales” y expresa la “esperanza” de que el Gobierno nacional cumpla con la ley “como debería haber sido desde su aprobación por el Congreso”. La provincia recuerda además que, desde la asunción de Javier Milei, las transferencias a las universidades se redujeron un 45,6%, se paralizaron 119 obras y los docentes sufrieron una pérdida salarial del 32% en términos reales.

Mientras la Nación apela el fallo y envía al Congreso un proyecto alternativo con una recomposición mucho menor, la provincia de Buenos Aires mantiene su propia política de apoyo a la educación pública universitaria. Ya retomó 29 obras en 26 universidades nacionales del territorio bonaerense, sostiene el boleto estudiantil para casi un millón de estudiantes y otorga descuentos a través de Cuenta DNI para compras dentro de las universidades.

La semana pasada, además, se inauguró en Carlos Tejedor el 50° centro universitario del Programa Puentes, que ya brinda carreras en 80 municipios. “La Provincia hace un esfuerzo financiero muy importante para construir estos centros y sostener las carreras en conjunto con los municipios, a pesar de la falta de recursos por los recortes que lleva adelante la Nación”, señaló el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, en la conferencia de prensa del lunes.

El fallo judicial ratifica una cautelar que obliga al Ejecutivo a aplicar la ley en un plazo de 30 días hábiles. Pero el Gobierno ya anticipó que recurrirá a la Corte Suprema. Mientras tanto, los salarios docentes siguen congelados y las universidades se preparan para una nueva jornada de protesta el 15 de abril, con actividades abiertas al público bajo el lema “La universidad no se apaga”. El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Franco Bartolacci, advirtió que “si no hay respuestas urgentes, el potencial de las universidades se va apagando”.


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