La Cámara de Diputados de Argentina dio un paso importante al rechazar el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada previamente por el Congreso. Con 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones, los legisladores insistieron en la necesidad de garantizar derechos esenciales para las personas con discapacidad hasta diciembre de 2027. Esta decisión es un avance clave, aunque aún debe ser ratificada por el Senado con una mayoría de dos tercios para que la ley entre en vigor.
La ley busca asegurar fondos para servicios como salud, transporte, educación y talleres protegidos, que están en crisis por recortes y atrasos en los pagos. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo de estas medidas representa solo entre el 0,22% y el 0,42% del PBI, una cifra baja frente a los beneficios sociales que aporta. Esto desmiente los argumentos del Gobierno, que vetó la ley alegando un impacto fiscal insostenible.
El Consejo Federal de Discapacidad y organizaciones sociales han destacado que el Estado tiene la obligación de proteger a las personas con discapacidad, según compromisos internacionales y la Constitución. El veto de Milei fue criticado por profundizar la desprotección de un sector vulnerable, dejando a muchas familias sin acceso a tratamientos y servicios básicos. Un fallo judicial reciente en Campana también declaró inconstitucional el veto, reforzando esta postura.
La sesión en Diputados mostró un fuerte apoyo de la oposición, que acusó al Gobierno de priorizar el equilibrio fiscal sobre los derechos humanos. Diputados como Daniel Arroyo subrayaron que la ley no solo es necesaria, sino que su costo es mínimo y reordena un sistema colapsado. Las familias y organizaciones, que se movilizaron frente al Congreso, celebraron este avance como un paso hacia la justicia social.
Ahora, la atención está en el Senado, donde se definirá si el veto queda sin efecto. Este rechazo en Diputados es un mensaje claro: los derechos de las personas con discapacidad deben ser una prioridad. La sociedad espera que el Estado cumpla con su deber de proteger a quienes más lo necesitan, sin excusas económicas.