El presidente Javier Milei anunció que vetará la ley que propone un aumento del 7,2% en las jubilaciones, un bono de $110.000 y la prórroga de la moratoria previsional. Esta ley, aprobada por el Congreso, busca mejorar los ingresos de los jubilados y permitir que más personas accedan a una jubilación, aunque no tengan los 30 años de aportes requeridos. También incluye la emergencia en discapacidad, que busca garantizar pensiones y derechos para personas con discapacidad.
El bono para jubilados, que hoy es de $70.000, no se actualiza desde marzo de 2024, lo que significa que ha perdido valor frente a la inflación. Esto afecta especialmente a quienes cobran la jubilación mínima, que en julio de 2025 es de $441.564 con el bono incluido. La moratoria previsional, que Milei dejó vencer en marzo, es clave para que miles de adultos mayores accedan a una jubilación. Sin embargo, el presidente insiste en vetar estas medidas, diciendo que no hay fondos suficientes, aunque la Ley ya incluye su financiamiento eliminando exenciones impositivas a la población más rica y reasignando recursos.
Milei eliminó el impuesto a la riqueza, que podría haber recaudado cerca del 3,54% del PBI, según estimaciones. Este monto es más que suficiente para cubrir el costo de la ley de jubilaciones y discapacidad, que se calcula en un 1,7% del PBI para 2025. La oposición critica que el gobierno prefiera beneficiar a los sectores más ricos en lugar de proteger a los jubilados y personas con discapacidad. Este contraste pone en duda las prioridades del gobierno, que parece más enfocado en el superávit fiscal y en el beneficio de los que más tienen que en el bienestar social.
Es una obligación del Estado garantizar una vida digna a los adultos mayores y a las personas con discapacidad. Los jubilados han perdido un 26,6% de poder adquisitivo en 2024, y las pensiones por discapacidad, de $213.000, son insuficientes para cubrir necesidades básicas. La ley de emergencia en discapacidad busca mejorar estas pensiones y permitir que sus beneficiarios trabajen sin perder el beneficio. Ignorar estas necesidades va en contra del deber de un gobierno de proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad.
El veto de Milei ha generado un fuerte rechazo en la oposición, que promete insistir con estas leyes. Si el Congreso logra los dos tercios necesarios en ambas cámaras, podría revertir el veto. Mientras tanto, los jubilados y las personas con discapacidad siguen esperando mejoras que les permitan vivir con dignidad. La discusión no es sólo sobre números, sino sobre qué tipo de país queremos: uno que cuide a sus mayores y a quienes más lo necesitan, o uno que priorice el equilibrio fiscal a cualquier costo.