En una maratónica sesión que se extendió hasta la madrugada del 18 de diciembre, la Cámara de Diputados dio media sanción al Presupuesto 2026, el primero de la era Javier Milei, con 132 votos a favor, 97 en contra y 19 abstenciones. El oficialismo de La Libertad Avanza celebró esta victoria como un hito para la gobernabilidad, tras dos años prorrogando el presupuesto anterior. Sin embargo el Gobierno sufrió un revés clave al no lograr derogar las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad.
El polémico artículo 75, incorporado a último momento en el proyecto, buscaba eliminar estas normativas —aprobadas este año por el Congreso, vetadas por Milei y luego ratificadas con mayorías especiales—. Estas leyes obligan al Ejecutivo a aumentar fondos para las universidades públicas y para prestaciones a personas con discapacidad, algo que el Gobierno considera incompatible con su meta de déficit cero, argumentando que no hay recursos asignados.
A pesar de maniobras para votar por capítulos completos y “blindar” el artículo controvertido, la oposición —con apoyo de algunos aliados oficialistas— rechazó el Capítulo XI entero (que incluía la derogación), con 123 votos en contra, 117 a favor y 2 abstenciones. Esto representó una importante victoria para sectores educativos y de discapacidad, que venían alertando sobre recortes severos.
El proyecto ahora pasa al Senado, donde el oficialismo intentará modificaciones. Fuentes gubernamentales indicaron que no insistirán en la derogación total, pero propondrán alternativas como un aumento del 20% en gastos de funcionamiento universitarios y ajustes en pensiones por discapacidad para preservar el equilibrio fiscal. El Gobierno busca evitar asumir plenamente los costos de estas leyes, priorizando su plan de ajuste.
