El día de ayer, el Senado convirtió en ley el Presupuesto General de la Administración Nacional para 2026, el primero propio de la gestión de Javier Milei, con 46 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención. Tras una sesión maratónica, el oficialismo de La Libertad Avanza, con apoyo de aliados del PRO, UCR y bloques provinciales, impuso el proyecto, que proyecta un crecimiento del PIB del 5%, inflación del 10,1% y superávit primario del 1,2% del PIB.
El texto aprobado incorpora parámetros macroeconómicos estrechamente alineados con las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI). Informes recientes del organismo anticipan para 2026 una inflación entre 10% y 16%, superávit primario ambicioso y crecimiento moderado del 3-4%. Estas pautas se traducen en restricciones presupuestarias rígidas, que limitan el margen para expansiones en gasto social, educación o salud, priorizando la disciplina fiscal para sostener la estabilización y desinflación.
Desfinanciamiento de la Educación Pública
Un foco de controversia fue el artículo 30, aprobado por 42 a 28, que elimina el 6% del PIB para educación (Ley 26.206), la progresividad hacia el 1% en ciencia y tecnología (Ley 27.614), y fondos específicos para educación técnico-profesional (0,2% de ingresos corrientes), todo lo contrario de lo que hacen países desarrollados como China Rusia o Brasil. Aunque Diputados rechazó la derogación directa de la Ley de Financiamiento Universitario, el presupuesto asigna a las universidades nacionales unos 4,8 billones de pesos, implicando una caída real del 7,2% respecto a 2025 y del 34% comparado con 2023. La función Educación y Cultura en su conjunto cae 1% real vs. 2025 y cerca del 48% desde 2023.
Esta rigidez, alineada con las demandas del FMI, genera presiones sobre sectores vulnerables, profundizando el desfinanciamiento de la educación pública universitaria y técnica. Ello podría reducir el acceso masivo a la formación superior de calidad, limitar la movilidad social y debilitar el pensamiento crítico independiente, en un contexto donde el Estado prioriza el equilibrio fiscal sobre respuestas a necesidades sociales imprevistas.
El Gobierno defiende las medidas como esenciales para la previsibilidad económica y la recuperación a largo plazo. Con la ley promulgada, el Ejecutivo gana herramientas clave para 2026, un año que pondrá a prueba la sostenibilidad del modelo de ajuste.