Con 40 votos a favor y 31 en contra, la Cámara Alta dio media sanción a las modificaciones impulsadas por el gobierno de Javier Milei. La iniciativa delega en las provincias la potestad de definir qué áreas periglaciales quedan protegidas, lo que podría facilitar el avance de proyectos mineros en la cordillera. Ambientalistas advierten sobre el riesgo para las reservas de agua dulce.
El debate sobre la reforma de la Ley de Glaciares se extendió durante varias horas en el recinto y concluyó cerca de las nueve de la noche del jueves. La modificación a la Ley 26.639, sancionada en 2010, establecía presupuestos mínimos de protección para glaciares y ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua dulce.
El eje del cambio es la transferencia de competencias a las provincias. Hasta ahora, el inventario nacional de glaciares estaba a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), dependiente del CONICET. Con la nueva redacción, serán los gobiernos provinciales quienes determinen qué glaciares y geoformas periglaciales cumplen “funciones hídricas relevantes” y, por lo tanto, deben ser preservados.
Qué cambia con la reforma de la Ley de Glaciares
El oficialismo sostiene que se trata de una adecuación necesaria para desbloquear inversiones mineras en litio, cobre y oro, especialmente en las provincias que integran la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y la Mesa del Cobre (las mismas más Mendoza y San Juan). La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) respaldó la iniciativa y argumentó que “la minería moderna puede operar en zonas cordilleranas sin afectar reservas hídricas, gracias a la planificación, la ingeniería y el monitoreo permanente”.
Las organizaciones ambientalistas, en cambio, advierten que la reforma implica un retroceso en los estándares de protección de glaciares. Greenpeace y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) señalaron que la modificación podría comprometer el suministro de agua en regiones áridas y vulnerar compromisos internacionales como el Acuerdo de Escazú y el Acuerdo Mercosur-UE, que incluyen cláusulas de no regresión ambiental.
El impacto en la protección de glaciares y el agua
Durante la sesión, una protesta de activistas en las inmediaciones del Congreso terminó con una decena de detenidos. Especialistas consultados advirtieron sobre el riesgo de que criterios económicos prevalezcan sobre la evidencia científica. Laura Isla Raffaele, docente de la Facultad de Agronomía de la UBA, señaló que “las provincias podrían incluso solicitar la eliminación de glaciares del inventario, dejándolos sin protección legal”.
En la misma línea, el geofísico del CONICET Juan Pablo Milana alertó que “esa modificación deja a las provincias la posibilidad de desclasificar glaciares. Si hay un gran interés del gobierno en que avance un proyecto minero, siempre se encontrará a alguien que diga que ese glaciar no es útil”.
El contexto científico detrás de la ley
Un estudio internacional publicado en Communications Earth and Environment reveló que durante la megasequía iniciada en 2010, la nieve caída sobre glaciares de la zona central de Chile y Argentina disminuyó hasta un 66% en años extremos. Los investigadores proyectan que, hacia fines de siglo, el volumen de los glaciares más grandes de la región será entre 55% y 78% menor, lo que reducirá drásticamente su capacidad de amortiguar futuras sequías.
Qué sigue para la Ley de Glaciares
La reforma obtuvo el respaldo de los senadores de las provincias mineras y de aliados del oficialismo, mientras que la oposición cuestionó lo que considera “vicios constitucionales” y un vacío legal que pondría en riesgo el suministro hídrico de las poblaciones que dependen de los ríos cordilleranos.
Tras la media sanción en el Senado, el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares giró a la Cámara de Diputados, donde deberá ser tratado para su sanción definitiva. De aprobarse, las provincias tendrán la última palabra sobre qué glaciares proteger.