La Ley 26.639, conocida como Ley de Glaciares, sancionada en 2010, protege los glaciares y el ambiente periglacial como bienes públicos. Su objetivo principal es preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos esenciales para el consumo humano, la agricultura y la recarga de cuencas hidrográficas en un país donde los glaciares andinos representan una gran parte del agua dulce disponible.
Estos ecosistemas protegen hábitats únicos de alta montaña con suelos congelados que regulan el flujo de agua, albergan biodiversidad endémica y actúan como fuente científica y atractivo turístico. Prohíbe actividades industriales como la minería o perforaciones que puedan contaminar o destruir estas zonas frágiles.
Si se elimina o debilita esta ley sólo para facilitar la venta de recursos como litio y cobre a empresas estadounidenses —tal como impulsa el gobierno en el marco del reciente acuerdo comercial firmado la semana pasada entre Milei y Trump—, Argentina enfrentaría graves desventajas. Perdería el control soberano sobre sus reservas de agua dulce, exponiéndose a sequías crónicas en regiones agrícolas y urbanas dependientes de la Cordillera de los Andes.Además, sufriría contaminación irreversible por cianuro y metales pesados de la megaminería, destrucción de ecosistemas periglaciares, pérdida de biodiversidad y un aumento del riesgo climático al acelerar el derretimiento de glaciares, todo por beneficios económicos cortoplacistas que enriquecerían a corporaciones extranjeras mientras dejan al país con pasivos ambientales millonarios y sin verdadera independencia en recursos estratégicos.