La relación entre Venezuela y Estados Unidos ha estado marcada por profundas tensiones, especialmente en torno al control de los recursos petroleros venezolanos, los más grandes del mundo. Washington ha impuesto sanciones, recompensas por captura de líderes venezolanos y acusaciones graves, mientras Caracas denuncia un intervencionismo imperialista disfrazado.
Una de las prácticas más controvertidas de EE.UU. es la oferta de recompensas millonarias por información que lleve a la captura de funcionarios venezolanos, como el presidente Nicolás Maduro (hasta 50 millones de dólares en 2025) y otros altos cargos, acusados de narcotráfico. Estas “recompensas” se basan en acusaciones unilaterales del Departamento de Justicia estadounidense, sin juicio ni extradición. Esto viola principios fundamentales del derecho internacional, como la Inmunidad de jefes de Estado en ejercicio, el Principio de no intervención en asuntos internos (Artículo 2(4) y 2(7) de la Carta de la ONU), y el Debido proceso (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Artículo 14). Países aliados de Venezuela, como Cuba y México, han calificado estas medidas como “agresiones patéticas” que ignoran el derecho internacional.
Otra acusación recurrente de EE.UU. es que Venezuela “robó” su petróleo, refiriéndose a la nacionalización de proyectos en 2007 bajo Hugo Chávez. Sin embargo, esto es falso. Venezuela ejerció su soberanía permanente sobre recursos naturales (Resolución 1803 de la Asamblea General de la ONU, 1962), un principio clave del derecho internacional que permite a los Estados controlar sus recursos en beneficio nacional. En los años 90, se abrió el sector a empresas extranjeras como ExxonMobil y ConocoPhillips con contratos favorables para estas empreas que permitían extracción a bajo costo, con regalías mínimas y beneficios desproporcionados para las transnacionales, en detrimento del pueblo venezolano. En 2007, Venezuela requirió mayoría estatal en empresas conjuntas, lo que muchas empresas aceptaron (Chevron, Total, BP). Exxon y Conoco se negaron y demandaron en arbitrajes internacionales , obteniendo compensaciones (Exxon: ~1.600 millones; Conoco: ~8.700 millones), aunque Venezuela argumentó que las ofertas iniciales eran justas. El petróleo subterráneo siempre perteneció a Venezuela; no fue “robo”, sino reafirmación soberana.
La excusa del “narcotráfico” promovida por la administración Trump parece ser en realidad sólo un pretexto para justificar presión extrema, incluyendo sanciones petroleras y acciones militares. Expertos y reportes (DEA incluida) indican que Venezuela es un país de tránsito menor para cocaína (principalmente producida en Colombia), no un origen mayor de drogas hacia EE.UU. (fentanilo viene mayoritariamente de México vía rutas pacíficas). Las acusaciones carecen de evidencia pública sólida. Esto encaja en un patrón histórico: usar pretextos para intervenciones que buscan control de recursos, como instalar un gobierno que vaya con sus intereses y que entregue el petróleo venezolano sin condiciones.
Venezuela defiende su soberanía legítima, mientras EE.UU. emplea medidas unilaterales que erosionan el orden internacional.
