Miércoles 11 de junio de 2025
Por Mariana Aulicino
En un fallo controversial y de fuerte impacto político, la Corte Suprema decidió en el día de ayer condenar a la ex presidenta y vicepresidenta de la Argentina a seis años de prisión y a la inhabilitación para presentarse a elecciones de por vida. Este fallo atenta, como tantas otras acciones de gobierno llevadas a cabo por Javier Milei desde que asumió, con la naturaleza esencial de la democracia.
En Febrero de este año, Javier Milei comenzó a quebrar la independencia que deben mantener los tres pilares inamovibles de cualquier democracia -el poder Ejecutivo, el poder Legislativo y el poder Judicial-, cuando designó por decreto a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como jueces de la Corte Suprema pasando por alto sin miramientos el proceso para designar jueces al que está obligado según la Constitución Nacional. Acorde con nuestra Constitución, el Senado debe votar en sesión pública la designación de los jueces propuestos por el Presidente y la aprobación debe ser por mayoría de dos tercios de los miembros presentes. En este caso, el Senado no trató la designación y Javier Milei, utilizando el poder unilateral del decreto presidencial, pasó por alto al Poder Legislativo -el Senado de la Nación- alegando que “la política no debería interferir en la Justicia”. Paradójicamente cometía la acción que repudiaba con sus palabras.
Lo mismo sucedió ayer, pero bajo un contexto mucho más sensible y con unas consecuencias muchísimo más graves para la democracia. La proscripción de la mayor referente de la oposición (Cristina Fernández) es casi un acto dictatorial. Aunque la proscripción de candidatos fue algo usual durante el último siglo argentino, después del regreso de la democracia en el ’83 -democracia que le costó a la Argentina una infinidad de torturas, pérdidas y masacres- nunca había vuelto a suceder y habíamos dejado finalmente atrás la época oscura de las proscripciones que tanto afectaron al peronismo, al radicalismo y a los partidos comunista y socialista argentinos.
Mientras el gobierno quiere enterrar en lo más profundo del olvido colectivo el caso del fraude de Libra -que involucra directamente al presidente en ejercicio en una estafa enorme en la cual haciendo abuso de su poder presidencial (mismo fundamento que utilizaron en la condena de Cristina Fernández) promovió el robo de dinero a muchísimas personas de Argentina y otros países-, se prohíbe arbitrariamente la postulación de la mayor fuerza política a ganar las elecciones frente a la Libertad Avanza.
El abogado de Cristina Fernández viajó hoy miércoles a la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya para denunciar el caso como persecución política y el Partido Justicialista presentó una ofensiva diplomática frente a la Secretaría de Relaciones Internacionales para pelear a nivel globlal una prohibición que pone a la Argentina nuevamente fuera de los límites de la democracia.