Una vivienda de Villa Sarmiento fue allanada el pasado jueves 8 de mayo tras denuncias anónimas por presunta venta de drogas. El procedimiento, ordenado por el fiscal Ernesto Lovillo y ejecutado por una comisaría de Morón, culminó con el secuestro de cerca de 4 kilos de marihuana fraccionada, una planta de más de dos metros de altura, una balanza digital y celulares.
Según trascendió, el material incautado provendría del cultivo doméstico de entre tres y cuatro plantas. Aunque el hallazgo fue presentado como un punto de venta y acopio desbaratado, la cantidad secuestrada, lejos de implicar una red delictiva de gran escala, vuelve a poner sobre la mesa el debate en torno al uso de recursos policiales y judiciales en este tipo de casos.
¿Cuánto cuesta un operativo así?
El despliegue de personal, vehículos, análisis de pruebas, redacción de informes, horas hombre y demás gastos procesales son absorbidos por el Estado. Todo esto, para judicializar una situación que podría corresponder más a un marco de autocultivo que a una organización criminal.
El impacto judicial
Con el operativo, se activa una causa penal que implica no solo el tiempo y atención de fiscales, jueces y defensores públicos, sino también el gasto en alojamiento de pruebas, posibles medidas cautelares y futuras audiencias. En paralelo, se suman los costos emocionales y sociales para la persona imputada, muchas veces sin antecedentes y dedicada a un cultivo personal, cuya regulación sigue siendo un terreno gris en Argentina.
Mientras tanto, vecinos de Morón señalan que continúan sin respuestas sobre hechos de inseguridad graves, como robos violentos, hurtos callejeros y violencia armada.
El debate necesario
¿Tiene sentido seguir persiguiendo a cultivadores particulares en contextos donde el uso medicinal y el autocultivo están avanzando legalmente? ¿No es hora de revisar las prioridades del sistema penal y reorientar los recursos hacia los delitos que realmente alteran la convivencia social?
La causa sigue su curso y el acusado deberá afrontar el proceso judicial. Mientras tanto, la discusión pública sobre el abordaje legal y penal del cannabis sigue vigente, especialmente en una zona donde vecinos reclaman mayor prevención y respuestas frente a otras urgencias.
