El oficialismo busca la sanción definitiva del proyecto que permite a las provincias definir qué zonas periglaciares proteger, en lugar de los criterios científicos del IANIGLA. Ambientalistas y la oposición advierten que se habilita la megaminería sobre reservas de agua.
La Cámara de Diputados sesionará el miércoles 8 de abril a partir de las 15 para darle sanción definitiva a la reforma de la Ley de Glaciares, una iniciativa del oficialismo que ya cuenta con media sanción del Senado. El proyecto modifica la Ley 26.639 sancionada en 2010, que prohíbe actividades como la minería en glaciares y zonas periglaciares, consideradas reservas estratégicas de agua dulce.
¿Qué cambia con la nueva ley?
El principal cambio es trasladar a las provincias la potestad de definir qué áreas del ambiente periglacial cumplen funciones hídricas relevantes y, por lo tanto, deben ser protegidas. Hasta ahora, esa definición estaba a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), dependiente del Conicet. El proyecto también permite que las provincias soliciten al IANIGLA la exclusión de glaciares del Inventario Nacional si consideran que no cumplen funciones hídricas relevantes.
En la práctica, la reforma reduce el alcance de la protección actual y abre la puerta a actividades productivas (principalmente mineras) en zonas periglaciares que hasta ahora estaban vedadas. Argentina cuenta con alrededor de 17.000 glaciares, que alimentan 36 cuencas hídricas clave para el consumo humano, la agricultura y la biodiversidad.
Una audiencia pública récord que casi nadie pudo usar
Más de 102.000 personas se inscribieron para exponer en la audiencia pública, aunque menos de 400 pudieron hacerlo. El 88% de los expositores se manifestó en contra de los cambios propuestos, mientras que sectores empresariales y mineros respaldaron la iniciativa. Organizaciones ambientalistas denunciaron un “cercenamiento del derecho a la participación”.
Las posiciones en pugna
A favor: El oficialismo y los gobernadores de provincias mineras (Catamarca, San Juan, Jujuy, Salta y Mendoza) sostienen que la ley actual es imprecisa y obstaculiza el desarrollo económico. La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) respalda los cambios y asegura que la minería representa apenas el 1% del consumo total de agua del país.
En contra: Organizaciones ambientalistas, especialistas y sectores de la oposición denuncian un retroceso en la protección del agua. La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) alertó que la reforma permitiría actividades mineras directamente sobre glaciares, y no solo en zonas periglaciares. “Si a alguien se le ocurriera hacer minería o sacar petróleo en alguno de los glaciares conocidos, lo podría hacer a partir de esta reforma”, advirtió su director ejecutivo, Andrés Nápoli.
El diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) sostuvo que la reforma es “totalmente regresiva e innecesaria” y que “se debilita totalmente la institucionalidad científica del IANIGLA”. Las organizaciones ambientalistas anticiparon que recurrirán a la Justicia por inconstitucionalidad si la ley se aprueba.