La Ley de Emergencia en Discapacidad (N° 27.793), vetada por el presidente Javier Milei, busca garantizar derechos fundamentales para las personas con discapacidad en Argentina hasta diciembre de 2027. Aprobada por unanimidad en el Congreso, la norma propone medidas urgentes para abordar la crisis del sector, incluyendo la regularización de pagos atrasados a prestadores, la actualización de aranceles y la reestructuración de las pensiones no contributivas. Además, fortalece el acceso a servicios esenciales como terapias, transporte y atención médica, indispensables para la calidad de vida de miles de personas.
Las personas con discapacidad dependen de terapias específicas, transporte especializado y atención médica continua para su desarrollo y bienestar. Sin embargo, los prestadores de estos servicios enfrentan una crisis económica debido a aranceles desactualizados, con retrasos de hasta un 70% respecto a la inflación, lo que pone en riesgo la continuidad de la atención. Familias y organizaciones denuncian que, sin estos apoyos, muchas personas quedan desamparadas, afectando su inclusión social y su derecho a una vida digna.
El veto presidencial, justificado por el Gobierno como una medida para evitar un “costo fiscal exorbitante”, ignora que la implementación de la ley representaría sólo el 0,26% del PBI, según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Este impacto económico mínimo contrasta con la gravedad de la situación, donde la falta de financiamiento provoca el cierre de centros de día y la interrupción de servicios esenciales, dejando a muchas familias sin opciones.
Organizaciones como el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad han calificado el veto como un “abandono” que profundiza la vulnerabilidad del sector. La ley también buscaba actualizar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) con un enfoque más inclusivo, considerando barreras sociales y no solo médicas, alineándose con estándares internacionales de derechos humanos.
La movilización que se realizó hoy en la Plaza del Congreso refleja la indignación de familias, prestadores y personas con discapacidad, que exigen al Congreso revertir el veto con una mayoría de dos tercios. La lucha no solo es por recursos, sino por el reconocimiento de derechos básicos que garanticen una vida digna. Este veto no es solo una decisión fiscal, sino una elección que margina a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
