Esta madrugada, en una operación militar sorpresa, fuerzas de Estados Unidos llevaron a cabo una intervención armada en Venezuela, capturando al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, quienes fueron extraídos del país y trasladados a un destino desconocido. El presidente Donald Trump confirmó la acción en una declaración pública, describiéndola como un “gran golpe” contra el gobierno venezolano. Esta medida es una agresión flagrante y una violación al derecho internacional.
La intervención representa una clara transgresión a la Carta de las Naciones Unidas, el pilar fundamental del orden internacional post-Segunda Guerra Mundial. El Artículo 1 de la Carta establece los propósitos de la ONU, incluyendo el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos. Por su parte, el Artículo 2 detalla los principios rectores, como la soberanía igualitaria de los Estados, la obligación de resolver disputas por medios pacíficos y, crucialmente, la prohibición del uso de la fuerza o la amenaza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Esta acción unilateral de EE.UU. ignora estos principios, socavando la soberanía venezolana y estableciendo un peligroso precedente de intervencionismo imperialista.
Las autoridades estadounidenses justificaron la operación citando acusaciones de narcotráfico contra el gobierno de Maduro, alegando que Venezuela es una fuente principal de drogas que ingresan a EE.UU. Sin embargo, esta excusa ha sido desmentida por múltiples organismos internacionales en las últimas semanas. Informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y del Departamento de Estado de EE.UU. indican que la mayoría de las drogas que llegan a territorio estadounidense, como la cocaína y el fentanilo, provienen principalmente de Colombia, México y rutas asiáticas, no de Venezuela. Venezuela ha servido ocasionalmente como punto de tránsito, pero su rol es marginal comparado con otros países. Estas acusaciones son un pretexto fabricado por Estados Unidos -como ya ha hecho varias veces a lo largo de la historia en casos como Irak- para justificar la invasión, con el verdadero objetivo de controlar las vastas reservas petroleras venezolanas, las más grandes del mundo.
De hecho, horas después de anunciar la captura, Trump declaró explícitamente que empresas petroleras estadounidenses ingresarían a Venezuela para “hacer fluir el petróleo” y reconstruir la infraestructura, invirtiendo miles de millones de dólares. “Vamos a administrar el país hasta que se pueda hacer una transición segura”, afirmó Trump en una conferencia de prensa, confirmando sin ningún tapujo que EE.UU. tomará el control temporal del gobierno y sus recursos. Esta admisión revela el motivo económico subyacente: apoderarse del petróleo venezolano sin reparos, en beneficio de corporaciones como ExxonMobil y Chevron, que han reclamado activos expropiados en el pasado.
La comunidad internacional ha respondido con una oleada de condenas. Países como Rusia, China, Irán y varios en América Latina, incluyendo México, Brasil y Cuba, han calificado la acción como un “acto de agresión imperialista” y una violación flagrante del derecho internacional. El secretario general de la ONU ha convocado una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad, mientras que la Unión Europea expresó “profunda preocupación” por la escalada. En la región, líderes como la presidenta mexicana han advertido que esto desestabiliza Latinoamérica y revive fantasmas del intervencionismo estadounidense histórico, como en Panamá o Granada. Incluso aliados tradicionales de EE.UU., algunos en Europa, han mostrado escepticismo y llamado a una resolución pacífica.
Esta intervención no solo agrava las tensiones globales, sino que pone en riesgo la estabilidad regional. El mundo debe unirse en defensa de la soberanía y el multilateralismo, y exigir la liberación inmediata del presidente Nicolas Maduro.